Cuestionamientos por falta de claridad rodean el desenlace de ConCreces

El cierre definitivo de ConCreces como unión de crédito no solo marcó el fin de una institución con casi medio siglo de trayectoria, sino que también abrió un debate sobre la forma en que fue conducida en su última etapa.

Durante buena parte de su historia, la entidad —creada en 1973 bajo el nombre de Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca (UCICO)— mantuvo reputación de solidez en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas del estado. En los años en que fue encabezada por Juan José Gutiérrez Chapa, quien se separó de la dirección hace más de diez años, la organización era vista como un actor confiable, con disciplina financiera y respaldo a la actividad productiva local.

Sin embargo, el relevo administrativo ocurrido en 2022 representó un giro relevante. En un periodo relativamente corto, la institución pasó de ser referente regional a enfrentar un proceso que culminó con la pérdida de su autorización para operar. Entre los factores que generaron inquietud entre asociados y observadores del sector se encuentran la cancelación de auditorías externas independientes, el retiro de la calificación crediticia por parte de Fitch Ratings y la menor difusión de estados financieros hacia los socios.

Estas decisiones contrastaron con la etapa anterior, caracterizada por prácticas de control interno, manejo prudente de liquidez y comunicación constante con los integrantes de la unión.

De manera paralela, surgieron señalamientos dirigidos a exdirectivos que no formaban parte de la administración vigente desde hacía más de una década. Se recordó que, durante la crisis sanitaria por Covid-19, Gutiérrez Chapa habría aportado más de 74 millones de pesos de recursos propios para fortalecer la institución, monto que, según versiones internas, no fue recuperado posteriormente.

Con el objetivo de proteger parte del patrimonio de los socios, se estructuraron mecanismos fiduciarios destinados a recuperar cartera vencida, logrando rescatar aproximadamente la mitad de los recursos comprometidos. Más adelante se implementó un segundo instrumento con fines similares. No obstante, la creación de un tercer fideicomiso bajo la administración reciente, sin detalles públicos sobre su estructura o beneficiarios, incrementó la incertidumbre entre los asociados.

Finalmente, en abril de 2025, la autoridad financiera resolvió revocar la licencia operativa de la unión de crédito. Con ello concluyó la historia de una institución que durante décadas fue un pilar del financiamiento empresarial en Oaxaca, pero cuyo desenlace quedó marcado por dudas sobre la transparencia y la conducción de sus últimos años.