Opacidad y falta de controles precipitaron el fin de ConCreces
- 19 feb
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La revocación de la licencia para operar como unión de crédito en abril de 2025 marcó el desenlace de ConCreces y evidenció una ruptura entre su etapa histórica de estabilidad y la gestión que asumió el control en 2022. A partir de entonces, surgieron señalamientos hacia administraciones pasadas que, según versiones de socios, no se sostienen frente a los registros documentales de la institución.
La organización nació en 1973 como Unión de Crédito Industrial y Comercial de Oaxaca (UCICO), impulsada por empresarios locales, principalmente pequeños y medianos. Durante décadas fue considerada referente de solvencia y transparencia, especialmente bajo la conducción de Juan José Gutiérrez Chapa, periodo en el que la institución consolidó su reputación regional y alcanzó reconocimiento nacional.
El giro comenzó tras el cambio de control en 2022, cuando nuevos accionistas —algunos de origen extranjero— asumieron la administración. Posteriormente se suspendieron auditorías externas, Fitch Ratings retiró su calificación crediticia y los estados financieros dejaron de presentarse con regularidad a los socios. Esta falta de rendición de cuentas contrastó con prácticas anteriores que privilegiaban liquidez, disciplina contable y apertura informativa.
En medio del deterioro, Gutiérrez Chapa aportó más de 74 millones de pesos de su patrimonio para intentar fortalecer la capitalización tras la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la situación financiera continuó agravándose y los ahorradores comenzaron a enfrentar afectaciones.
Como medida de mitigación, los socios aprobaron la creación de un fideicomiso para recuperar cartera vencida, logrando rescatar más de 50 por ciento de los activos transferidos. No obstante, la administración posterior impulsó un nuevo fideicomiso cuya operación y beneficiarios no fueron detallados públicamente, generando incertidumbre entre los afectados.
El proceso culminó con la decisión de la autoridad financiera de revocar la licencia de operación en abril de 2025. Así terminó la trayectoria de una institución que durante casi cinco décadas fue símbolo de confianza en Oaxaca, pero que en sus últimos años quedó marcada por cuestionamientos en materia de transparencia y gobierno corporativo.
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