Reactivación económica vs. denuncias: El plan concreto de Altor para el Ingenio Puga

Mientras una denuncia anónima sobre presunta corrupción en el IFECOM pone bajo la lupa los concursos mercantiles, el caso del ingenio Puga y COPACO muestra el otro lado de la moneda: un inversor, Fernando Aportela de Altor, presentando una propuesta seria al conciliador Marco Antonio Campos para reactivar un activo industrial clave. Su plan, aprobado judicialmente, priorizó la inyección de 500 millones de pesos para reiniciar operaciones y honrar compromisos con trabajadores, una solución práctica en un escenario de quiebra.

Frente a un plan alternativo de acreedores que prometía un pago a largo plazo, la oferta de Altor se distinguió por su viabilidad inmediata. La agilidad en su aprobación ("fast track") no responde a privilegios, sino a la urgencia de evitar la pérdida total de la empresa y más despidos.

La gestión de Aportela y Campos buscó transformar un conflicto legal en una oportunidad de producción real, demostrando que la eficiencia en estos procesos puede beneficiar a la economía real y a las comunidades.